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Como ya se ha dicho en
diferentes momentos es necesario llevar a la práctica con premura la
auténtica Policía autonómica haciendo uso de lo que, hasta este momento,
permite el Estatuto de Autonomía de Canarias (sin perjuicio de adaptación al
que surgirá en próxima reforma del mismo).
El grupo parlamentario del PSOE, a través de determinados portavoces,
parecía estar de acuerdo (hace un año) y así lo afirmaba en sus
declaraciones que ahora se antojan ambiguas, puesto que nunca deciden el
necesario apoyo para conformar la mayoría parlamentaria necesaria (en estos
pasados días han vuelto a cambiar de postura) Parecen más predispuestos
algunos miembros del Partido Popular (que ya resulta misterioso), en estos
momentos de gobierno conjunto en Canarias.
Son numerosas las razones que nos impulsan a la defensa a ultranza de ese
cuerpo policial canario como ya existe en otras comunidades españolas, donde
tal vez no sea tan necesaria su consolidación al carecer de las
especificidades humanas, geográficas, económicas, jurídicas o culturales que
tiene esta Comunidad canaria. Es imprescindible en especial para evitar la
vulneración de fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Es incontestable que la policía, en cualquier país o región determinada, ha
de conformar un cuerpo inherente a la sociedad y a la peculiaridad sui
géneris en la que se halla inmersa, a la que sirve para dar solución a la
problemática que le afecta. Es obvio que nadie cumplimentará mejor esta
función que el policía nativo o arraigado en dicha sociedad. Constatamos que
lo que tiene lugar en estos momentos es todo lo contrario. Pero, además, es
necesariamente imprescindible para mantener nuestra especial fórmula
económica dependiente de la entrada masiva de turistas cuyo número parece
ser superior a 12 millones cada año. Esta cifra implica un millón de
personas extras por mes y que, con carácter casi permanente, se suman a la
población de autóctonos y residentes cuya protección y seguridad nos debe
preocupar a todos. El turista ha de ser tratado con cariño y mimo - todo lo
contrario de lo que se hace en estos momentos - y ha de ser objeto de la
máxima atención desde el mismo momento que lo demande, tanto en aspectos
meramente administrativos como, especialmente, al ser objeto de delito o
falta en su persona o en sus bienes. Ha de ser rápidamente atendido en las
dependencias policiales, desde el momento en que comparezca, incluso en
trámite independiente respecto al resto de personas víctimas y por personal
facultado, toda vez que nuestros turistas necesitan de su tiempo que,
además, está pagando. Precisa ser tratado con respeto (al parecer todo lo
contrario de lo que ahora se hace) en su idioma y con la necesaria cultura
para que su estancia sea grata. Tal vez, a pesar de ser sujeto de robo,
estafa o cualquier tipo de abuso, vuelva otra vez a la misma Isla, al mismo
hotel o restaurante y no decida optar por otro destino en el Mediterráneo o
en el Caribe. Es igualmente necesario entender que tal lucrativa invasión de
gente foránea (para cuya entrada por puertos y aeropuertos, como turistas,
la policía actual parece hace la vista gorda), de forma paralela, invita al
desplazamiento de la enorme caterva de delincuentes de la más baja ralea y
más variopinta especialidad. Pero que, además, como se ha dicho penetran por
nuestras fronteras ante la pasividad de las autoridades de turno. Se dice
que "a río revuelto, ganancia de pescadores". Drogas, mafia, dinero, trata
de blancas, etc..., acuden al sol que más calienta, máxime conociendo la
benignidad de actuación de la policía de fronteras, como así se ve y
constata claramente. ¿Pero, porqué? Existen variadas estructuras policiales
que se adaptan a las legislaciones autonómicas donde se hallan implantados,
habiendo una clara diferenciación en las comunidades históricas, Cataluña,
País Vasco y Navarra, que en otras, también históricas, Galicia, Andalucía,
y el resto. Canarias permanece aún a la expectativa en cuanto a su modelo a
crear, que por descontado ha de ser diferenciado a los demás, como
diferentes son sus peculiaridades, antes apuntadas, que son irrefutables.
Para mayor abundamiento a lo expuesto en la parte primera de este
artículo-reportaje, tomando referencia en fuentes oficiales publicadas,
otros artículos y recortes de prensa, a más de conocimiento personal
empírico, extractamos los modelos de policías existentes en España por
autonomías (las que ya disponen de este cuerpo policial propio o en
proyecto):
Comunidad del País Vasco.
La Academia de Policía vasca, con sede en Arkaute, Álava, se instituyó en
febrero de 1982. Hasta julio de 1995 se formaron 14 promociones de
ertzaintzas que homologaron a 7200 policías que, junto a 3000 policías
locales, tiene la tarea, prácticamente exclusiva, de mantener la seguridad
en el País Vasco, salvo los delitos que rebasan sus límites fronterizos o
los derivados del terrorismo.
Desde su gestación el Gobierno vasco apuntaba para dicho proyecto lo
siguiente: la internacionalización de los delitos, su evolución y las
demandas ciudadanas de mayor seguridad, aconsejaban la creación de un nuevo
sistema policial acorde con la realidad administrativa del
Estado español, cada vez más próximo al federalismo. La realidad indica aún
que a pesar de que España es por definición un estado descentralizado, el
sistema policial actúa como estructura centralizada, consecuencia de la
particular transición desde una dictadura rígida a una democracia de corte
europeo.
Indica el prólogo de dicho proyecto que el modelo policial anglosajón asigna
el 80 por ciento de sus efectivos a la policía local o autonómica. Esta es
la tendencia en la República Federal Alemana, Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá o Reino Unido (no así en Italia, Francia o España que
mantienen una fórmula militarizada y centralista) Los aproximadamente 1500
policías nacionales y guardias civiles destinados en el país vasco se
dedican preferentemente al control de fronteras, puertos y aeropuertos. La
investigación y prevención del terrorismo, es función específica de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también de la Ertzainza o
Policía autónoma vasca. Pero, sin embargo, directivos de este cuerpo alegan
sentirse interferidos en esta función, especialmente contra la organización
de ETA. Su presupuesto anual para el año 2001 era de 62 mil millones de
antiguas pesetas anuales. En estos momentos ha incrementado plantilla y
presupuestos y su sueldo más que doble la el de otros policías españoles.
Generalitat catalana.
 Los Mossos D Éscuadra resurgieron en el año 1994 para sustituir a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil con el compromiso de completar su despliegue
territorial en 8 años, a razón de 700 agentes anuales.
Actualmente rondan los 6000 pero quieren llegar hasta un total de 12000
efectivos, procedentes de la Escuela de Policía de Cataluña.
Entre sus principales funciones están la de escolta de políticos y edificios
de la Generalitat y paulatinamente van asumiendo la seguridad ciudadana y
delictiva siempre que no tenga ramificaciones fuera del territorio catalán.
Actualmente tienen las competencias en tráfico en Barcelona y Tarragona para
lo cual han reclutado el 20 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil
destinada en dichas provincias.
Han asumido también un núcleo personal de ex policías nacionales y
municipales.
Sin embargo, en Lleida y Girona ya tienen todas las competencias, salvo
expedición del Documenta Nacional de Identidad, costas o extranjería Cobran
unos 3,7 millones de pesetas al año a cargo de la Hacienda de la Generalitat,
que ha presupuestado casi 40 mil millones de pesetas anuales para su
funcionamiento e infraestructura. Sus competencias se refuerzan con más
efectivos, medios y material.
Navarra.
 Con un presupuesto de 4300 millones de pesetas y 600 agentes que cobran 3,5
millones al año, la tradicional Policía Foral de Navarra se dedica a escolta
del presidente del Gobierno, Parlamento y consejeros.
Aunque no tiene competencias antiterroristas si las tiene en orden público,
juego y espectáculos, incluidos los taurinos, así como denuncias por
violencia doméstica y maltrato a menores.
Controlan la seguridad ciudadana en la provincia pero no, exclusivamente, en
la capital, Pamplona, donde comparten con la Guardia Civil tareas de
tráfico.
Comunidad de
Andalucía.
En las ocho provincias andaluzas trabajaban 6000 policías nacionales en el
año 2002. Otros aproximadamente 300 policías del Estado forman parte de la
policía autónoma, que sólo está desplegada en cuatro provincias (Sevilla,
Málaga, Cádiz y Granada). Se preparan otros agentes autonómicos para ir
destinados al resto de las provincias andaluzas. Se dedican solamente a
escolta del presidente, custodia de edificios, medio ambiente, juego y
menores de edad, si bien, últimamente, el Gobierno andaluz pretende mayores
competencias y ampliación de la Policía Autónoma. Cobraban 3,3 millones de
pesetas y por lo tanto su sueldo es casi el doble de lo que cobra un policía
nacional o un guardia civil. El uniforme es idéntico, salvo el escudo de la
Junta de Andalucía en la parte derecha de la chaqueta y una bandera
“blanquiverde” andaluza en la pechera.
Comunidad valenciana.
La Policía Nacional dispone de unos 4500 agentes en las tres provincias
valencianas (año 2003), y 2500 funcionarios en mayoría procedentes de la
Academia de Ávila conforman una policía autonómica.
Escoltan al presidente, pero sólo a algunos de los “consellers”. Tiene
competencias en medio ambiente, menores de edad, custodia de edificios y
espectáculos (y últimamente en tráfico devehículos) Su sueldo es superior al
de otros cuerpos destinados o con funciones en la Comunidad.
El uniforme sólo se distingue por el escudo de la Generalitat, la bandera
con barras rojigualdas en el brazo y el casco tipo “Jaime I”, color azul.
Disponen de vehículos propios con la leyenda “Policía- Generalitat”.
Para completar el presente trabajo de apariencia “investigatoria” sobre
estructuras policiales y en torno a la viabilidad de hallar un modelo “Ad
Hoc” para Canarias al igual que existe en casi todas las comunidades
españolas peninsulares (con muchas menos razones de fondo como se ha dicho),
analizaremos, en esta tercera y última parte, las restantes ya implantadas
así como los proyectos que pretenden las que aún no la tienen (algunas con
menos lógica que el demandado por esta Comunidad atlántica):
Comunidad gallega (cuya
estructura se ha ofrecido reiteradamente para Canarias)
Existen próximo a 3000 policías nacionales en las cuatro provincias que la
componen procedentes por adscripción de miembros del propio Cuerpo Nacional
de Policía estatal, a los que se suman 500 policías netamente autonómicos
con competencias en medio ambiente, pesca marítima y fluvial, caza,
incendios, vertidos y otros incontrolados, así cómo lo concerniente a
menores de edad. Escoltan al presidente de la Xunta y al del Parlamento
gallego, pero no a los conselleiros (salvadas excepciones)
El uniforme es idéntico al de la Policía Nacional (del resto de España),
salvo el emblema gallego en la bocamanga que les distingue del resto de
policías nacionales destinados en la comunidad. Poseen vehículos propios
tipo todo terreno con rotulado diferente al de los “nacionales”, donde reza
“Policía-Xunta”,sobre color azul más claro que el de los vehículos oficiales
de la Policía Nacional.
Se instituye en virtud de Orden del Ministerio del Interior, publicada en el
Boletín Oficial del Estado número 148, de fecha 21 de junio de 1991, dónde
regula la organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas
a las Comunidades Autónomas y se establecen las peculiaridades del régimen
estatutario de su personal. Señala que durante la vigencia de los acuerdos
administrativos de colaboración entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas se podrán constituir Unidades del Cuerpo Nacional de
Policía para el
cumplimiento de los fines acordados entre ambas Administraciones.
En el artículo primero se dice: “Se crea y adscribe a la Comunidad Autónoma
de Galicia una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía con nivel orgánico de
Sección y dependencia orgánica de la Dirección
General de la Policía y funcional de la Consejería de a Presidencia y
Administración Pública de la Junta de Galicia, que se regirá por lo
dispuesto en el Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, y en la presente
Orden”. Dicha Unidad contará con dos grupos operativos, al mando de
inspectores-Jefes compuesto cada uno de ellos por dos subgrupos operativos,
y con un subgrupo dependiente de la Jefatura de la Unidad.
El Jefe de la Unidad (Comisario normalmente) será nombrado, por Orden del
Ministro del Interior, a propuesta del Consejo de la Presidencia y
Administración Pública de la Junta de Galicia.
La referida unidad policial, bajo el mando de sus Jefes naturales, cumplirá
durante el tiempo de su adscripción, las órdenes y directrices de las
autoridades competentes de la Junta de Galicia, ante la que rendirán cuenta
de sus actuaciones. Si bien los asuntos disciplinarios y de responsabilidad
individual serán dilucidados por la Dirección General de La Policía. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Unidad adscrita deberán
prestarse auxilio e información mutua en el ejercicio de sus funciones
respectivas.
Comunidad de Islas Baleares.
El pasado día 24 de febrero (2005) el Gobierno balear aprobó una solicitud
de un cuerpo policial propio que “ve positivo” por la afluencia de turistas
a las islas con las consecuencias socio- económicas que implica.
Según recoge la agencia Europa Press (Palma de Mallorca, 24/2), “el
Consellers de Interior reiteró dicho medida para hacer frente a la presión
demográfica existente en la Comunidad balear (vaya coincidencia), para
añadir que recibe alrededor de12 millones de visitantes al año” (que curioso
y coincidente) La Comisión Asesora para la Reforma del Estatuto balear
propuso que el texto incluyera la creación de la referida policía propia con
competencia en todas las islas de dicha comunidad mediterránea.
Murcia
El 14 de diciembre (2004), el PSOE murciano solicitó un proyecto para la
viabilidad de una Policía Autonómica en la región murciana. Declara que sus
funciones deberán “converger” con las demás competencias de los distintos
cuerpos y fuerzas de seguridad y policía local. De esta forma se mejorará el
índice de seguridad ciudadana.
Existen iniciativas y propuestas por escrito al Senado español alusivos a
Policías autonómicas, creadas o por crear. Entre ellas (Cantabria, Rioja,
ambas Castillas, Ceuta, Melilla...) Entre dichas solicitudes la de Murcia
aparece con expediente número 684/015884 en el registro de la Cámara.
Y por último nuestra comunidad:
Islas Canarias.
Aunque no existe auténtica policía propia ni se haya propuesto oficialmente,
el Gobierno de Canarias ha hecho saber al Ministerio de Interior que quiere
contar con 500 policías propios, un 20 por ciento aproximado de la
vulnerable plantilla actual (ahora con visos de aparente estabilidad); Ésta
alcanza unos 2600 agentes con mandos, pero aún no existe contesta oficial al
respecto, sólo promesas. (En estos momentos se gestan otros diversos
sistemas: uno con cuerpos de Seguridad del estado destinados en Canarias,
otro integrando los cuerpos de policía locales, que con miembros de aquellos
sería más lógico, pero desde hace unos días ha quedado en situación de
bloqueo en virtud de sentencia judicial del TSJ de Canarias) No obstante,
ahora es difícil definir aspectos concretos debido ala poca, en apariencia,
coherencia de los políticos responsables.
Se insiste en crear la Policía canaria o autónoma, que se recoge en el
Estatuto (o el que resulte de próxima reforma). Mas, como ya se ha dicho
siempre encuentra la oposición contundente de los partidos con disciplina
estatal que impiden la ansiada conformación de un cuerpo canario autónomo en
materias de seguridad ciudadana; fronteras aéreas, terrestres y marítimas;
turismo y delincuencia organizada. Aspectos estos tan vulnerados en estos
momentos.
Quien se oponga, por temor a no sé qué, ofende a otras policías autonómicas
integradas en diversos estados o territorios del Mundo, en especial en
Estados Unidos, Australia, Canadá y muchos otros, sin perjuicio de la
existencia de una policía estatal con amplias facultades (léase como ejemplo
el FBI o Scotland Yard). Se sabe que la Guardia Civil y la Policía Nacional
en España, la Guardia Republicana en Francia o el Cuerpo de Carabineros en
Italia, serán intocables “in secula seculorum”, y perdonen por el latinajo
que diría uno de los principales promotores políticos de nuestro proyecto.
Podríamos exponer una amplia ponencia sobre las circunstancias que motivan
la implantación urgente en el territorio de esta Comunidad (sin contestación
razonable en contra), pero que vamos a dejar por ahora. |
