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 Cuando
hace poco más de dos semanas que la Unión Europea (UE) emitió un
dictamen que otorga a los Estados un plazo de tres años para
sustituir los pesticidas que contengan sustancias peligrosas por
alternativas más seguras, el secretario regional de Organización de
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Mario Escuela,
ha asegurado a ABC que son varios los casos en los que producciones
agrarias del Archipiélago han tenido que acabar en el vertedero. «Ha
ocurrido en más de una ocasión que el empleo de productos prohibidos
ha terminado con la producción de agricultores canarios en la
basura», explica.
En ocasiones, son las mismas cooperativas las que descubren la
utilización de estas sustancias prohibidas y destruyen la
producción, pero el representante de UPA Canarias asegura que, «en
ocasiones, los productos han llegado a enviarse a la Península,
desde donde han sido devueltos».
También dirigentes
Podría pensarse que la utilización de estos productos ilegales
deriva del desconocimiento que muchos agricultores pueden tener
sobre la materia, sin embargo, más complejo resulta explicar cómo
puede ocurrirle a empresarios del sector. «Algunas de estas
producciones que han acabado en el vertedero pertenecían a ciertos
dirigentes agrícolas del Archipiélago», señala Escuela.
Pese a estos hechos, el secretario de Organización de UPA Canarias
asegura que en las Islas, en general, «se están cumpliendo las
normas» en esta materia, aunque reconoce y matiza que el respeto de
los mandatos de Europa implica también un descenso de la producción.
«Al cumplir con la normativa, desciende el volumen de producción»,
comenta.
Controlar todo por igual
De un tiempo a esta parte, y aunque parece haber rebajado
sensiblemente sus pretensiones iniciales, la UE viene endureciendo
el control sobre el uso y la utilización de productos fitosanitarios
en el campo. Esta situación, que puede interpretarse como lógica,
tiene también su otra cara de la moneda, y es que Europa no puede
llegar hasta el control de las producciones de terceros países, que
en muchos casos acaban llegando a los mercados del Viejo Continente,
y, por ende, de Canarias, sin prácticamente control alguno.
«Mientras que se exige a los países miembros una serie de controles
exhaustivos, la producción de otros países apenas pasa filtro
alguno», lamenta Escuela. Esto, además, no es algo que ocurra sólo
en la producción agrícola, puesto que en la ganadería ocurre algo
similar. «Hay demasiados controles», sentencia. Por todo ello, el
sector primario de Canarias afronta una situación de desventaja
frente a otras zonas productivas.
Productos ecológicos
En cualquier caso, el futuro que dictan los organismos
supranacionales apunta a un uso cada vez más extendido de los
productos ecológicos o integrados. En este sentido, la UE manejaba
hasta hace pocas fechas la idea de rebajar la utilización de
insecticidas en un 60 por ciento, algo que, según distintas
organizaciones del sector, podría haber puesto en entredicho la
competitividad de muchas explotaciones, amén de haber incrementado
los precios notablemente.
Finalmente, el dictamen de la Eurocámara prohibirá el empleo de
sustancias químicas «muy tóxicas» para la salud y el medio ambiente
en la fabricación de pesticidas, en especial aquéllas con
propiedades cancerígenas, mutagénicas o que afecten a la
reproducción. España, y el resto de Estados miembros, disponen ahora
de un plazo de alrededor de año y medio para aplicar la nueva
normativa.
En cuanto a los pesticidas, aquéllos que contengan sustancias
peligrosas tendrán que ser sustituidos por alternativas que ofrezcan
seguridad en un plazo de tres años.
Eso sí, para los productos que aun no cumpliendo con estos criterios
y requisitos sean imprescindibles para combatir el riesgo en la
salud de una planta, el Parlamento europeo fija una moratoria de
cinco años.
Así pues, y pese a las intenciones de Europa, los ejemplos que
denuncia la UPA ponen de manifiesto el largo trecho que aún queda
por recorrer en esta problemática. Además, el texto resultante no
dice qué productos son compatibles con la normativa, algo que
supedita a su evaluación. Así, y hasta que el sector agrícola no
conozca con certeza qué productos quedan excluidos, no podrá
trabajarse en una alternativa. |
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