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 El
dirigente de Coalición Canaria (CC), Victoriano Ríos, destaca la
trascendencia del reconocimiento de las aguas canarias porque, entre otros
argumentos, es un símbolo de identidad que expresa la vocación de unidad del
Archipiélago.
-La delimitación de las aguas encerradas dentro del Archipiélago siempre ha
sido un tabú para los distintos gobiernos estatales.
¿Cree usted que sólo el apoyo de Coalición Canaria (CC) a los Presupuestos
Generales del Estado de 2011 ha llevado a José Luis Rodríguez Zapatero a
atender una histórica reivindicación de todas las fuerzas políticas de la
comunidad autónoma?
“En efecto, esta histórica reivindicación de los canarios que, los últimos
quince años ha sido llevado por Coalición Canaria a las Cortes Generales, es
ahora atendida por el Gobierno del PSOE por el apoyo que los nacionalistas
vamos a dar a los Presupuestos del Estado. Además, se pone de manifiesto la
cicatería que, a lo largo de estos años, han tenido tanto el PSOE como el PP,
según quien fuese el que ostentara el poder y se destaca el valor que pueden
tener para el futuro de Canarias el número de escaños que puede obtener CC
en las futuras elecciones generales”.
-¿Qué significado real tiene la aprobación de este proyecto de ley?
“Supone el reconocimiento de que las aguas que circundan el Archipiélago
forman parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para que lo puedan
entender los ciudadanos, es el reconocimiento de que no somos meras islas,
sino un Archipiélago, formado por los espacios terrestres, las islas, pero
también por el mar que nos separa, pero que también nos une. Ese
reconocimiento de las aguas canarias supondrá que definitivamente se consiga
la integridad territorial de Canarias al delimitarse el perímetro
archipelágico. Precisamente, por eso es tan importante para los canarios,
porque es un símbolo de identidad de Canarias, algo común a todos los
canarios y que expresa nuestra vocación de unidad de todas las islas en el
archipiélago”.
-Este acuerdo carece de efecto jurídico alguno. No cree usted que su
formación política y el presidente autonómico, Paulino Rivero, están
levantando falsas expectativas sobre la trascendencia de este
reconocimiento?
“En absoluto y me sorprende que con toda la información que ha habido sobre
este tema pueda haber todavía periodistas que se crean las intoxicaciones de
quienes quieren que se minimice esta cuestión. Lo primero que hay que tener
en cuenta es que toda ley, como norma jurídica, tiene efectos jurídicos, por
lo que claro que va a tener trascendencia ese reconocimiento. No se puede
aprobar una ley sin efectos jurídicos. Es muy llamativo, que estén
radicalmente en contra de esa proposición de ley los centralistas del PP, un
sector del PSOE, IU, los independentistas y grupos que se autodenominan
nacionalistas, como NC y el CCN. Existe una mezcla de sentimientos
encontrados de anti autogobierno y rasgos de envidia soberanista. Todos esos
grupos hacen pinza contra CC, pero en realidad van en contra de los
intereses del Archipiélago. CC continuará su camino en beneficio del pueblo
canario”.
-Reconociendo que, al
aumentar el territorio de la Comunidad Autónoma, Canarias se convierte en
una de las regiones españolas de mayor extensión territorial de todo el
Estado, ¿coincide usted en que esta consideración sólo se va a traducir en
la obtención de una mayor cantidad de dinero transferido por este concepto?
“Va a tener muchas más consecuencias. De hecho, que nos convirtamos en una
de las comunidades más extensas y que podamos obtener más financiación no ha
sido determinante para que Coalición Canaria lleve, desde mediados de los
años noventa, intentando que se reconozcan nuestras aguas y los gobiernos de
turno, sean del PSOE o del PP, rechazándolo hasta ahora. Que somos una
comunidad extensa se puede apreciar dándonos cuenta de que si ponemos a la
isla de El Hierro superpuesta en un mapa a la altura de Madrid, La Graciosa
llegaría hasta Barcelona, esto es, más de 500 kilómetros de distancia entre
una isla y otra”.
-¿Qué incremento competencial, de autogobierno, pretende CC cuando en el
artículo 2 del Estatuto de Autonomía no se reconocen las aguas como
territorio de las Islas?
“Es errónea esa apreciación. El artículo 2 del Estatuto sí reconoce las
aguas al referirse, y cito literalmente, a que “el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago canario, integrado por las
siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote,
La Palma y Tenerife”. Si acudimos a cualquier diccionario de la lengua (el
María Moliner o el DRAE), se define a los archipiélagos, más o menos, como
espacio de mar poblado de islas. Luego, al referirse el artículo 2 del
Estatuto al Archipiélago, se está haciendo referencia también a las aguas
circundantes a las islas. Lo que hace la ley que aprobarán las Cortes
Generales antes de fin de año, a instancia de Coalición Canaria, es
delimitar el perímetro archipielágico y reconocer que las aguas que nos
rodean efectivamente forman parte de la Comunidad Autónoma y, por tanto, en
esos espacios marítimos se van a ejercer las mismas competencias que en
tierra, en materias como instalaciones de generación eléctrica, espacios
naturales, protección del medio ambiente, yacimientos arqueológicos o
autorizaciones de prospecciones petrolíferas o mineras, además de aumentar
geográficamente las competencias en pesca en aguas interiores o en vertidos
al mar. En definitiva, podemos afirmar que Canarias podrá controlar sus
aguas en aquellas competencias que tenga asumidas, sin distinción, como
hasta ahora nos negaba el Estado, entre espacios terrestres o marinos”.
-Una vez más surge la
necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía y este proceso depende de
unas Cortes Generales que cerrarán sus puertas a comienzos de 2012, ¿qué
deben hacer las fuerzas políticas canarias con representación en el
Parlamento regional y en Madrid para evitar volver a perder el tren del
desarrollo competencial de las Islas?
“La necesidad de reformar el Estatuto surge cuando se evidencia que el
vigente se queda corto para satisfacer las necesidades de un territorio
singular tras más de 20 años de desarrollo autonómico en cuestiones tales
como la definición misma de la Comunidad como Archipiélago Atlántico que
pongan de manifiesto sus hechos diferenciales (insularidad y lejanía), la
modernización de sus instituciones para adaptarlas a las necesidades
actuales (facultad de disolución, posibilidad de dictar decretos leyes,
agilizar procedimientos legislativos, fomentar la participación ciudadana y
la transparencia de las administraciones públicas o implicar a los cabildos
y a los ayuntamientos en la toma de decisiones de la Comunidad Autónoma, por
poner algunos ejemplos); o adaptar las competencias en similares términos a
cómo lo han hecho las seis comunidades (Valencia, Cataluña, Andalucía,
Baleares, Aragón y Castilla-León), que han reformado sus estatutos. Pero en
absoluto ese proceso se va a cerrar en 2012. Menos aún cuando otra de las
cuestiones que se incluyeron en los acuerdos políticos entre el PSOE y CC,
para que apoyásemos los presupuestos del Estado, es que los socialistas en
Canarias van a impulsar la reforma del Estatuto sin el chantaje que supone
condicionarlo a la inclusión del sistema electoral que ellos quieren
impulsar. El acuerdo es que el sistema electoral se regule en una Ley del
Parlamento de Canarias una vez se apruebe el Estatuto”.
-Con la aprobación de
la proposición de ley se dará el primer paso para el reconocimiento
internacional de las aguas interiores. ¿Qué significado tiene?
“En eso sí tiene razón, esta ley supone un acto unilateral del Estado hacia
el reconocimiento internacional de nuestras aguas de la misma manera que lo
han hecho otros archipiélagos, como Azores, Madeira, Galápagos y Feroe. El
objetivo es que no haya aguas internacionales entre las islas”.
-También se podría
proceder a fijar la Zona Económica Exclusiva (200 millas desde territorio
español), que es lo que da la soberanía para la explotación de los recursos
naturales. Sin el problema del Sáhara resuelto, ¿qué posibilidades tiene
España de negociar la ZEE y con quién?
“Se están confundiendo conceptos. La Zona Económica Exclusiva no es
territorio de ningún Estado, como sí lo es el mar territorial. En esas 188
millas náuticas, los estados rivereños tienen un derecho preferente para
explotar los recursos naturales y ese espacio está definido per se. Cuestión
distinta es que haya terceros estados cercanos, de tal manera que las aguas
de unos limiten con las de otro. Pero en el caso de Marruecos o el Sáhara no
se ve afectado por la delimitación del perímetro archipielágico por la
sencilla razón de que ahora Lanzarote y Fuerteventura, que ya tienen
delimitadas su mar territorial y Zona Económica Exclusiva como si fueran una
única isla. Es decir, el perímetro archipielágico en esa parte ya está
definido y no cambia con la ley que se pretende aprobar, que afecta al resto
del archipiélago, pero no en esa parte. Cosa distinta es la de la mediana,
pero reitero que esa cuestión, que es verdad que está pendiente, no se ve
afectada por esta ley”.
-¿Qué papel puede jugar
la UE si España apela al argumento de que Canarias en la frontera sur de
Europa?
“Un papel muy importante, al igual que con el tema del derecho de libre
determinación del pueblo saharaui, y no es otro que el de condicionar el
trato preferente que la UE le está dando a Marruecos a la resolución de esos
dos temas; esto es, que se celebre el referéndum y que se llegue a un
acuerdo en torno a la mediana de Marruecos con la UE tanto en la zona de la
Península Ibérica como en la del Archipiélago canario”. |
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